A partir de mañana ya no abrirán distintas sucursales de ARCA en la Región.
Cierran oficinas de ARCA y ciudades de la Región quedan cada vez más aisladas
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El impacto del cierre de las oficinas de ARCA, ex AFIP no es solo por lo laboral. La medida afecta la vida rutinaria de las personas que habitan pequeñas ciudades que, a partir de ahora, deberán trasladarse a oficinas más grandes para realizar sus trámites impositivos. Lo cual genera más desconexión, pérdidas de tiempo y dinero. Lo mismo ocurre con los más de 600 empleados que se verán afectados al ser reubicados o transferidos a otros lugares, lejos de su hogar.
Cabe recordar que, la fecha límite dispuesta por el Gobierno Nacional para que el plan termine de ejecutarse era el viernes 18 de abril, con lo cual, el miércoles 16 fue el último día de atención al público en sucursales como Rojas, Bragado, Salto, Lincoln, General Villegas, Bolívar, Trenque Lauquen y Carlos Casares. Así, a partir de mañana, todo es incertidumbre para alrededor de 50 empleados, que aún no saben cómo van a continuar en sus trabajos.
Si el gobierno nacional no revierte la decisión, los trabajadores deberán recorrer distancias que van de 60 a 200 kilómetros para desarrollar sus actividades en las nuevas sedes. Esta reestructuración no solo afectará a los trabajadores sino también a sus familias que deberán modificar sus rutinas diarias.
“Esto no solamente nos preocupa por los trabajadores que, en 30 días, si no les dan una solución antes, tendrían que mudar toda su familia y cambiar toda su rutina diaria o hacer 60 o 200 kilómetros diarios dependiendo cada caso puntual”, expresó la dirigente gremial Lucía Rodríguez en diálogo con Democracia y agregó: “Nos preocupa por el organismo y por lo que implica para los contribuyentes. Hoy todos los trámites que cualquier persona o contadora hace de forma presencial en Villegas, va a tener que pasar a hacerlos presencial en Junín. Lo mismo con Lincoln y Rojas y cualquier persona que hoy haya pisado Trenque Lauquen o Bolívar, a partir del 19 de abril, va a tener que hacerlo físicamente en Pehuajó, que queda a una distancia tremenda”.
En ese sentido, Rodríguez manifestó que “claramente la preocupación número uno del sindicato es que se le dé respuesta a los trabajadores porque no vamos a tolerar los traslados forzosos y que se afecten las condiciones laborales” y añadió que “también es atroz el daño que le están haciendo a los organismos en perjuicio de los propios contribuyentes que hoy podían evacuar sus dudas en la oficina más cercana que les quedara y a partir de unos pocos días van a tener que viajar cientos de kilómetros para poder hacerlo”.
Posible judicialización
El sindicato que nuclea a los empleados de ARCA, AEFIP viene realizando asambleas en distintos puntos de la provincia y mantiene una tensa mesa de diálogo con las autoridades nacionales. Sin embargo, según confirmaron desde el gremio, todavía no alcanzaron ningún acuerdo y analizan medidas judiciales para frenar los cierres.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores que, además, arrastran un congelamiento salarial desde febrero de 2024, algo que las seccionales también vienen reclamando sin éxito. Para los trabajadores de AEFIP, el conjunto de medidas sobre el funcionamiento del organismo es una señal más del ajuste libertario. Una decisión que, lejos de representar un ahorro significativo, como argumentan, aparece como un recorte que impacta directamente en las economías locales, en el acceso a servicios públicos y en las fuentes laborales de muchas familias.
Cerró una dependencia histórica
En el caso de Rojas, la única oficina que existía tenía más de 70 años de antigüedad y fue desmantelada el miércoles 16 de abril donde se sacó toda la cartería. Allí, los empleados afectados son cuatro que aún esperan la reasignación de tareas. Si bien los puestos laborales se mantendrían, aún no están informados sobre qué tipo de tarea deberán llevar a cabo ni en qué lugar.
“Fue una práctica totalmente desleal porque había una mesa de diálogo abierta. Pero más que una reestructura como ellos lo pintan, no deja de ser un desguace y un quite de servicios a la comunidad”, sostuvo Jair Gadadi, delegado gremial de Rojas y añadió “acá somos un pueblo chico, de aproximadamente 25 mil habitantes en todo el partido y el cierre de la oficina generaría que básicamente tengan que viajar para hacer cualquier trámite presencial 50 y pico de kilómetros hasta Junín. Y eso realmente genera un perjuicio enorme, básicamente porque la atención que nosotros hacemos acá es en su mayoría a monotributistas y a personas que hacen cuidado domiciliario y a emprendedores”.
Incertidumbre en Bragado
La agencia en la ciudad de Bragado pasaría a depender de Mercedes, con lo cual generaría un problema para los empleados por la distancia y la peligrosidad de la Ruta 5. En ese sentido, Juan Burga, delegado gremial en Bragado desde hace cuatro años manifestó: “Estamos esperando que salga alguna disposición que plasme lo conversado con el Director Regional. Por el momento no hay nada concreto. Lo que conversamos en su momento era que los empleados del Distrito de Bragado, que obviamente deja de existir, vamos a pasar a trabajar en distintos sectores dependientes de la agencia de Mercedes” y añadió: “los sectores pueden llegar a hacer de trámites y verificaciones, jurídica, recaudación, una parte de atención al contribuyente. También se habló en su momento de que iba a quedar un espacio de atención al público, digamos un poco más reducido, pero hasta el momento no hay ninguna norma que plasme esto que se conversó con el director regional. Estamos a la espera de eso”.
Desconexión de los pueblos
En diálogo con Democracia, el Cr. Luis Montenegro, presidente de la delegación Lincoln del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sostuvo que la medida no lo sorprende porque “la realidad es que los trámites presenciales desde la llegada de la pandemia a la fecha se redujeron considerablemente porque muchos se trasladaron a las presentaciones digitales”.
Sin embargo, el profesional remarcó que “en ciudades como las nuestras, donde nos conocemos todos y muchas veces el hecho de tener la oficina ayuda a resolver algunas cuestiones que la normativa fría por ahí no la considera”.
En ese sentido, dio el empleo de las cartas de porte que utiliza el sector agropecuario. “Muchas veces el productor no podía mover la cosecha porque se trababa su emisión y eso, se solucionaba de manera informal o más rápida en la oficina”, contó Montenegro y añadió: “Ese canal informal que muchas veces se facilitaba con el hecho de que la oficina estaba en Lincoln realmente ahora se rompe y es lo que más se daña”.
Además, explicó que su preocupación “va por el lado humano y de las relaciones que se rompen” y que ven muy difícil que se revierta la situación, tal como lo manifestaron otras delegaciones. “Hoy en día para cualquier cuestión que no se pueda hacer vía Internet, tenemos que viajar a Junín, y eso para el linqueño conlleva al menos 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta” y expresó que “lo ideal sería tener un canal de diálogo con las autoridades de la AFIP, al menos de acá de la región, para ver cómo podemos manejar y canalizar estas cuestiones que pueden surgir”.
